El acceso a la vivienda es un problema que afecta a muchas familias en Cataluña. Desde APCE siempre hemos insistido a las administraciones sobre la urgencia de disponer de un parque público de vivienda adecuado y eficiente, que cubra las necesidades de la sociedad. Pero las últimas normativas aprobadas por la Generalitat, sumadas a la modificación del PGM de la ciudad de Barcelona, conseguirán un efecto totalmente contrario.

El Decreto Ley 17/2019 de medidas urgentes para el acceso a la vivienda, convalidado el pasado 5 de febrero en el Parlament de Cataluña contempla una serie de medidas que desde el sector valoramos negativamente: respecto de la  reserva de viviendas de protección en suelo urbano consolidado, insistimos en el conflicto competencial de esta norma, a la vez que volvemos a advertir de los efectos negativos de la medida que, después de un año en vigor en Barcelona, todavía no ha generado ningún resultado en forma de licencia real. Además, se observa con mucha preocupación el importante descenso de licencias en la ciudad, reducción en un 55% entre enero y septiembre de 2019 comparado con el mismo periodo de 2018 (últimos datos oficiales conocidos al publicar este suplemento).

También queremos destacar que el aumento de las reservas de VPO en el Área Metropolitana de Barcelona, y las anunciadas a través del Plan Territorial Sectorial de la Vivienda (PTSH) para las “áreas de demanda fuerte y acreditada” que contempla el decreto, comprometen la viabilidad de los planeamientos, tan urgentemente necesarios para disponer de suelo suficiente para resolver la escasez de viviendas, tanto de venta como de alquiler. Debe tenerse en cuenta que, para atender la demanda de vivienda, y especialmente la de VPO en Barcelona, hay que considerar el ámbito metropolitano a efectos de tener un territorio de dimensiones más razonables y equiparables a otras ciudades como Madrid, París o Londres, y poder disponer de un abanico mucho más diversificado de opciones de acceso a la vivienda. Según datos del borrador del PTSH, el Ámbito Metropolitano tiene un potencial de reservas de suelo para construir más de 73.000 viviendas de protección oficial, y de estas, 20.000 están ubicadas en la ciudad de Barcelona. Habría que desarrollar estas reservas para convertirlas en viviendas lo antes posible.

Por otro lado, con el Decreto Ley 17/2019 desaparece la tipología de vivienda de precio concertado, dificultando a la clase media el acceso a la vivienda al eliminar la posibilidad de disponer de una figura a caballo entre la protección oficial y el mercado libre. Asimismo, actualmente se desconoce cuál será el nuevo precio de referencia del módulo de la nueva tipología de VPO: de momento se mantiene el régimen general con unos precios obsoletos respecto de la realidad de los costes de edificación, que se han incrementado un 44% desde 2007, haciendo inviable la promoción de vivienda de protección oficial.

También es preciso remarcar que los efectos negativos sobre la rehabilitación del parque edificado. Este decreto hace inviable económicamente la rehabilitación del parque existente -que contempla también la necesaria adecuación energética de los edificios para reducir el consumo energético- con los consecuentes efectos sobre el tejido urbano, especialmente sobre aquel que más necesidad tiene de este tipo de actuación.

En relación con la extensión del plazo del alquiler social obligatorio (Ley 24/2015 y Ley 4/2016) de tres a siete años para los grandes tenedores, con la posibilidad excepcional de un nuevo periodo de siete, creemos que es muy grave, ya que va más allá del ya de por sí duro texto de la Iniciativa Popular Legislativa (Llei d’Emergència Habitacional) y representa un claro exceso legislativo que vulnera la necesaria seguridad jurídica, comprometiendo la viabilidad de las empresas y de sus trabajadores. Esta medida provocará efectos totalmente contrarios a los que pretende, reduciendo el actual parque de vivienda en régimen de alquiler, e impidiendo que se construya de nuevo. Al mismo tiempo, provocará que se endurezca tanto la selección como la valoración de los posibles arrendatarios.

Por otra parte, también preocupa la legitimación de determinadas situaciones de ocupaciones ilegales, ya que representa un precedente muy grave de impunidad ante un hecho delictivo que, lamentablemente, cada día es más frecuente.

Insistimos en la necesidad urgente de un gran Pacto por el Urbanismo y la Vivienda en Cataluña que dé una respuesta real, eficiente y consensuada al problema, y que englobe a todas las administraciones, formaciones políticas, y al sector privado. Un pacto con un objetivo claro: crear un parque de vivienda estructurado, suficiente y gestionado con eficiencia para dar respuesta a las necesidades de las familias. Si no, más que soluciones, estas normativas son más bien piedras en el camino, tanto para el sector como para el conjunto de la sociedad catalana.