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Propuesta APCE para la futura ley de vivienda

En consulta pública

La Asociación de Promotores y Constructores ha remitido un documento con propuestas y consideraciones respecto de la futura Ley de Vivienda estatal, actualmente en fase de consulta pública. La APCE se muestra favorable respecto del impulso de una ley de “bases y garantía” sobre vivienda, con la idea de armonizar la diversidad de regulaciones existentes, y considera imprescindible que se tenga en cuenta la participación del sector privado en todo el procedimiento de tramitación de la Ley, en la que se demande la participación de los agentes implicados.

En el documento se detalla el posicionamiento del sector privado acerca de los objetivos de la norma que constan en dicha consulta. Con respecto al concepto de servicio de interés general, la APCE se muestra favorable, ya que propicia la colaboración público-privada, entre otras cuestiones. También apunta a la necesidad de recuperación del peso presupuestario, y la derivación de las cantidades ahorradas por la desaparición de los incentivos fiscales (desgravaciones) a programas y políticas activas y directas de vivienda. Desde la APCE se considera que, aunque el nivel de gasto público previsto en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, si se destina a políticas activas de fomento, rehabilitación y apoyo al acceso a la vivienda suponga el más importante destinado a dicha política sectorial, estas cifras deberían incrementarse para juntamente con las aportaciones presupuestarias que hagan las autonomías y entes locales a equipararse a la media europea.

Por todo ello, el sector promotor y constructor cree que debería articularse una disposición adicional o transitoria que establezca preasignaciones presupuestarias a las políticas públicas de vivienda para garantizar que, en un dilatado periodo de tiempo, se pueda mantener una estrategia progresiva de incremento de recursos para las políticas de vivienda.

En referencia al blindaje de la función social de la vivienda, la APCE considera que ésta constituye un elemento implícito del derecho de propiedad. En el ámbito de la vivienda, la función social debería responder a situaciones objetivas y limitadas como resultado de una vivienda deshabitada (con sus excepciones), sobreocupada, conservación y rehabilitación, y uso habitual en el caso de VPO y ayudas a la rehabilitación. También cree necesario reequilibrar la vertiente objetiva del derecho de propiedad (función social) y la desdibujada vertiente subjetiva del mismo, contemplando el derecho del propietario a la utilidad económica de su patrimonio, además de evitar la multiplicidad de medidas coercitivas relacionadas con aspectos que se justifican, de forma excesiva, con la función social de la propiedad. Por otra parte, la Asociación también ha mostrado su oposición a la definición de gran tenedor contemplada en el Real Decreto Ley 11/2020, ya que, a su juicio, implica contrariedad, arbitrariedad, injusticia y discriminación entre propietarios.

 

Parque público de vivienda

Según consta en la consulta pública, otro de los objetivos de la ley es promover el desarrollo de los parques públicos de vivienda estatales. En este sentido, desde APCE piden recuperar las políticas de fomento a la promoción de vivienda de protección oficial, y que los Planes de Vivienda del Estado consten como la articulación de las actuaciones y programas estatales en materia de vivienda, sin que su periodicidad de validez para este tipo de actuaciones deba ceñirse al escaso margen de solo cuatro años.

La Asociación apuesta por un gran pacto entre el Gobierno, promotores públicos y privados, sector de la construcción, y sector financiero para edificar o renovar lo antes posible un parque diversificado de viviendas con diferente tipología de acceso, dentro de un marco estable y de seguridad jurídica para los inversores. También cree necesario recuperar la figura de la vivienda de protección oficial como mecanismo que ha dado respuesta en sus diversas tipologías (venta/alquiler/otras) y fórmulas (régimen especial/general/concertado) a la provisión de una vivienda digna y adecuada a la ciudadanía, así como también limitar a 30 años la duración de la calificación de las VPO en el caso de las promociones privadas, el establecimiento de los módulos de protección oficial para que puedan ser viables las promociones, y determinar los ingresos máximos de los adquirientes o de los arrendatarios de dichas viviendas.

En su documento, la APCE apunta a que el anteproyecto de ley debería establecer como prioridad la necesidad de la movilización inmediata de suelo reservado para operaciones de vivienda social (suelo en propiedad de las administraciones públicas) y asequible (suelo calificado en las operaciones urbanísticas destinado a VPO), incorporando aquellos mecanismos para hacer efectiva esta activación. Además, reiterar una vez más que se simplifiquen y agilicen los requerimientos administrativos, especialmente en los proyectos de nueva edificación y rehabilitación.

Con respecto al refuerzo del derecho de una vivienda digna a precio asequible, la Asociación aboga por recuperar programas que permitan el pago inicial de la adquisición de una vivienda, o del pago del alquiler, a los colectivos vulnerables y los pendientes de emanciparse. También propone que se establezcan figuras como el derecho de superficie u otras que permitan edificar y gestionar la promoción de vivienda protegida en régimen de alquiler, y la contención de rentas a base de estímulos fiscales a los arrendadores que voluntariamente establezcan alquileres residenciales por debajo del precio de referencia.

 

Seguridad jurídica

El hecho de que todas las administraciones públicas tengan la obligación de actuar en las políticas públicas de vivienda ha comportado inseguridad jurídica y una mayor complicación en la tramitación de las medidas de los planes vivienda, por lo que APCE solicita una mayor armonización y estabilidad regulatoria. También es importante para la APCE que desde las comunidades autónomas se realice una distribución proporcional de los fondos del Plan Vivienda a las tres líneas genéricas anunciadas ya que actualmente se deriva gran parte de los recursos hacia programas con efecto cortoplacista (ayudas al pago del alquiler) y se desatiende actuaciones estructurales de largo recorrido, como son la promoción y la rehabilitación.

Por último, desde la APCE se pide la publicación de una recopilación en forma de inventario de la ubicación y situación de los suelos reservados destinados a vivienda de protección oficial, además de mostrar su preocupación por que el nuevo índice de referencia de arrendamientos no recoge la heterogeneidad de la tipología de viviendas dentro de un mismo distrito censal.