El marco jurídico de aplicación que afecta al sector ha sufrido cambios que afectan seriamente a la seguridad jurídica y a la intención de inversión en la actividad inmobiliaria. Desde la APCE creemos que no suponen una solución real al problema del acceso a la vivienda y, además, serán un lastre para la progresiva recuperación del sector, justo en un momento en el que la producción de viviendas encadena cinco años de crecimientos moderados. También es preciso recordar que el sector de la construcción es la actividad económica que más tiró de la economía catalana el año pasado –un 4,7%-, algo a tener muy en cuenta al hacer políticas basadas en una teoría bien intencionada, pero que en la práctica sólo ahogan a un sector clave para la economía y el bienestar de la sociedad catalana.

Desde el sector promotor y constructor seguimos reiterando que la solución al acceso a la vivienda pasa por un incremento de la oferta, tanto de venta como de alquiler, y fomentar la tan necesaria rehabilitación del parque de edificios existente. Con los cambios legislativos, especialmente a nivel municipal, lo que se consigue es el efecto contrario, y la oferta de vivienda en vez de incrementarse puede reducirse de manera considerable. El precio del alquiler es uno de los temas en boga últimamente. Si bien es cierto que han subido en los últimos años, también lo es que, antes de esta subida de precios, se registró un descenso de un 20% en las rentas de alquiler, y que, además, no se ha repercutido en las rentas la inflación acumulada, de cerca de un 12%.

Los derogados Decreto ley 5/2019 de medidas urgentes en materia de vivienda -que no llegó a tramitarse en el Parlament por falta de apoyos políticos- y Decreto-ley 9/2019 de medidas de contención del precio del alquiler en Cataluña -aprobado por la Generalitat en Consejo Ejecutivo a finales de mayo, y derogado en no convalidarse por el pleno del Parlamento el pasado 26 de junio- son medidas contraproducentes, ya que se penaliza a las empresas que actualmente pueden aumentar la oferta de viviendas en alquiler.

A esta misma conclusión llegan desde Foment del Treball. La patronal apuesta por un gran Pacto por la Vivienda y el Urbanismo que aúne a administraciones, formaciones políticas y sector privado, para encontrar soluciones efectivas que faciliten el acceso a la vivienda, especialmente a las familias más vulnerables. Foment reclama a los diferentes gobiernos una mayor dotación presupuestaria para la promoción de vivienda, especialmente en alquiler, se critica duramente la deriva legislativa, y se aportan diferentes propuestas para paliar el problema de la vivienda en nuestro país. Y es que la solución real no pasa por intervenir el mercado, ni por trasladar la responsabilidad del sector público al privado.

La solución pasa para facilitar que se lleven a cabo nuevas promociones de viviendas asequibles, y fomentar medidas que favorezcan este tipo de promociones de manera urgente. En anteriores editoriales ya hemos comentado que los promotores privados somos los que hemos construido la mayoría de vivienda de protección oficial en Cataluña en los últimos años. Sin ir más lejos, sólo hay que echar una ojeada a las cifras correspondientes al año pasado: en Cataluña se edificaron cerca de 700 viviendas de protección oficial en 2018 -una cifra muy baja, ciertamente- y de estas 700, sólo 60 se construyeron desde el sector público. Éste y otros datos lo demuestran, como las reservas de suelo en el Ámbito Metropolitano de Barcelona para construir 73.000 viviendas, de las cuales 20.000 localizadas en Barcelona ciudad. Desde el sector privado reiteramos una vez más la disposición a participar en la construcción de las viviendas libres y asequibles, y también habría empresas dispuestas a construir vivienda social a través de la colaboración público-privada.

Si se quiere conseguir la contención de precios, tanto de venta como de alquiler, la única fórmula válida es aquella que fomente el equilibrio entre la oferta y la demanda. Si no se actúa rápidamente, se podrían atrasar o congelar las decisiones de inversión, un hecho que sería catastrófico tanto para el sector como para el conjunto de la sociedad y de la economía catalana.