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Lluís Marsà, Presidente de la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE)

 

Perdiendo Oportunidades

Seguimos inmersos en un entorno de incertidumbre debido a la Covid. Desde la APCE queremos recordar una vez más a todas las personas que han fallecido en nuestro país afectadas por el virus, así como también para con sus familiares. Y nuestro sincero agradecimiento al personal sanitario que, desde principios de año, se está dejando la piel para cuidarnos y evitar que esta pandemia haga mayores estragos. Incertidumbre que sigue afectando a los mercados y que no permite vislumbrar un periodo más o menos certero de fin de la crisis económica que el coronavirus ha provocado en todo el mundo, y especialmente en nuestro país, muy dependiente del turismo y del sector servicios, los más afectados.

Como es obvio, en el sector de la construcción también ha sufrido su impacto, pero estamos convencidos de que somos una actividad clave para la recuperación económica. Además de proveer de vivienda a las familias que la necesitan, tenemos un efecto tractor muy importante a nivel de ocupación: en Cataluña, por cada vivienda que se construye se generan 2,4 empleos directos. Además, contribuimos activamente a la recaudación impositiva, ya que más del 20% del precio de venta de una vivienda son impuestos.

Según los expertos, en Cataluña se necesitan construir unas 25.000 viviendas nuevas anuales para cumplir con las necesidades de la sociedad. De conseguir ese nivel de producción, el sector promotor y constructor generaría más de 60.000 nuevos empleos y unos ingresos para las arcas públicas superiores a los 1.500 millones de euros. Por este motivo, desde APCE hemos presentado a las administraciones una propuesta para reconstruir el sector y, por ende, la economía. Un conjunto de medidas que suponen coste cero para las administraciones, y que permitirían la reactivación del sector, crear empleo y generar beneficios para la sociedad.

Como pueden consultar el documento completo en nuestra web, sólo les apuntaré algunas medidas. Creemos importantísimo llegar a un gran Pacto Público-Privado entre la Generalitat, Ayuntamientos, promotores públicos y privados para construir un parque de viviendas -de venta y alquiler- diversificado y suficiente. También creemos necesario que se anule la habilitación de los ayuntamientos para establecer reservas de VPO en suelo urbano consolidado. En Barcelona hace casi ya dos años que está en vigor, y se ha constatado que es una medida que provoca un efecto totalmente contrario: una disminución de la oferta que nadie deseamos. Revisar los precios máximos de los módulos de VPO es otra cuestión ineludible, debido al desfase entre ellos y los crecientes costes de la construcción en estos últimos años (más de un 45% desde 2007). Y, por último, pero no menos importante: la necesidad de agilizar todos los plazos de tramitación de licencias de edificación y de planeamientos urbanísticos.

Estas son algunas de las propuestas que el sector considera acuciantes para poder reactivarlo y contribuir decisivamente a la reconstrucción de nuestra economía, medidas que ayudarían a reactivar la economía. En cambio, en los últimos tiempos desde las administraciones se aprueban medidas que, a pesar de su buena voluntad, sus efectos son totalmente negativos y contrarios al resultado pretendido. Me refiero tanto a la anteriormente mencionada reserva del 30% para VPO, como a la recién aprobada Ley de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de alquiler, que agravará el acceso a la vivienda y afectará gravemente a la seguridad jurídica del sector por su clara inconstitucionalidad. Además, provocará una reducción de la oferta de viviendas en alquiler, afectando seriamente a los sectores de población más desfavorecidos y vulnerables, que no verán aumentadas sus opciones a acceder a una vivienda de alquiler a consecuencia de esta normativa.

Desde el sector privado instamos a las administraciones a adoptar medidas que incentiven la construcción de un parque público de vivienda en alquiler suficiente y estable en el tiempo mediante estímulos fiscales (bonificaciones, subvenciones, etc.), y no medidas restrictivas de la libertad de mercado o penalizadoras, algunas de las cuales ya están siendo recurridas en los tribunales. En Cataluña, en vez de avanzar y aprovechar el tiempo para desarrollar un parque público de viviendas adecuado y suficiente, lo que se está haciendo es aprobar medidas de muy dudosa constitucionalidad que no arreglan el problema. Es momento de dejar de dar palos de ciego que paralizan inversiones necesarias para la reactivación económica y en beneficio de la sociedad, y ponerse en serio a trabajar juntamente con el sector para solucionar el acceso a la vivienda cuanto antes. Por que mientras, el tiempo pasa, y se pierden oportunidades.