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La APCE pide destinar parte de los fondos a incrementar el parque inmobiliario

Fondos europeos para la reconstrucción

En el actual contexto económico, la APCE considera que sería bueno para potenciar la recuperación de la economía, y sobre todo para la generación de empleo, el impulso de programas que fomenten la rehabilitación del parque de vivienda existente, así como también medidas para incrementar la producción de viviendas nuevas, tanto de alquiler como de venta.

Parte de los fondos que la Unión Europea tiene comprometidos con España podrían destinarse a resolver estos dos grandes temas: rehabilitación y producción de viviendas nuevas, lo cual no solamente serviría para incrementar la calidad de vida de los ciudadanos que viven en las viviendas que conforman el parque existente, sino también la protección y sostenibilidad de este. Asimismo, también contribuiría a solucionar la falta de oferta de viviendas para resolver la presión de la demanda sobre la oferta, reduciendo los precios de venta y alquiler con una oferta diversificada, además de dinamizar la economía y reducir el desempleo.

Se trataría de destinar la parte de fondos que se considere oportuno a acciones potentes, concretas, y sobre todo pactadas entre los sectores público y privado, buscando una efectiva colaboración público-privada. Es por este motivo que desde la APCE se ha propuesto a las Administraciones una serie de medidas dirigidas al impulso de la vivienda a través de la rehabilitación del parque existente, así como también a la construcción de obra nueva.

Es preciso llevar a cabo acciones para conseguir la rehabilitación masiva y rápida del parque existente. Hasta ahora, se ha intentado resolver la rehabilitación a base de subvenciones y ayudas de las diferentes administraciones dirigidas a los propietarios, pero su resultado es incipiente, y de seguir a los ritmos actuales no será posible obtener los resultados exigidos por la Unión Europea, que son los deseables para resolver el problema de sostenibilidad medio ambiental.

La solución propuesta desde la APCE es la que se apuntaba en la denominada “ley de las tres erres”, que consiste en que las administraciones locales utilicen el planeamiento para determinar “áreas de rehabilitación integral”, de obligada ejecución por su interés público, constituyéndose en “administración actuante”. Como tal, deberían liderar el proceso, de obligado cumplimiento para los propietarios (comunidades de propietarios), y propiciar acuerdos -si procede- con empresas promotoras-constructoras privadas para la ejecución y financiación de la rehabilitación de los inmuebles, pero también para la renovación y regeneración urbana de las zonas y barrios.

Las ayudas que deberían activarse podrían ser, además de las de subvención directa, ya conocidas, la de asumir el pago de la rehabilitación de los propietarios de viviendas que no tengan disponibilidad, garantizando la recuperación con carga registral recuperable por venta o mortis causa.

Este planteamiento, en definitiva, puede dar el impulso necesario a la rehabilitación, y es compatible con el sistema de ayudas a la rehabilitación individual de propietarios y comunidades de propietarios.

Por lo que respecta al ámbito de la construcción de nuevas viviendas para atender la demanda de alquiler y de venta, desde la APCE se propone un plan de construcción diversificado y adecuado a la demanda pendiente acumulada, básicamente de primer acceso, y que está impidiendo la emancipación de jóvenes.

Unas nuevas viviendas que tengan los niveles de calidad y eficiencia energética ambiental que ya se vienen aplicando en la actualidad, e incorporen además otros aspectos derivados de las casuísticas y situaciones claramente necesarias y demandadas por la sociedad actual -algunas de ellas detectadas durante el confinamiento general-, tales como:

  1. La habilitación de espacios interiores para el teletrabajo y terrazas o patios exteriores.
  2. Potenciar las redes telemáticas, posibilitando que puedan llegar a todos los municipios y barrios, para garantizar la conectividad.
  3. Incentivar la implantación de puntos de recarga de vehículos eléctricos para que la movilidad sostenible esté asegurada en todo el territorio.
  4. Prestar especial atención a la igualdad de género y de oportunidades.

Además, las administraciones deben potenciar y resolver un transporte público real y eficiente, asociándolo con los nuevos desarrollos urbanísticos, así como también con los contextos urbanos existentes y que, al mismo tiempo, encaje dentro de la hoja de ruta de transición ecológica.

Las ayudas que se consideran adecuadas para estas actuaciones son:

  1. La definición de un nuevo tipo de vivienda de alquiler “asequible”, determinando sus precios máximos por zonas
  2. Financiación garantizada para la construcción del nuevo parque de alquiler asequible mediante préstamos del ICO, con acuerdos con el BEI.
  3. Definición clara del modelo de alquiler social que propone el Gobierno -las 20.000 viviendas anunciadas-, clarificando la colaboración público-privada y los pliegos para los concursos públicos de suelo.
  4. Apostar también por la construcción de viviendas de venta para permitir el acceso de ciudadanos que, no teniendo ahorro previo y por sus condiciones laborales y personales, pueden asumir cuotas de hipoteca superiores a los límites actuales, supeditando su importe a un porcentaje máximo sobre los ingresos.