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La APCE analiza la nueva ley de control de alquileres

Ciclo Habitatge i Futur

La Asociación de Promotores de Cataluña (APCE) celebró una nueva sesión webinar del ciclo “Habitatge i Futur”, que estuvo centrada en la Ley 11/2020 que regula el precio de los alquileres en Cataluña. En esta jornada online se contó con la participación de varios expertos del sector público y privado, que debatieron sobre la normativa y los efectos sobre la vivienda en Cataluña en el futuro.

El presidente de APCE, Lluís Marsà, abrió la sesión presentando a los ponentes y apuntó algunos elementos clave en la regulación en materia de alquileres en Cataluña. Para Marsà, hay que establecer un equilibrio justo entre la protección del inquilino y la defensa legítima de los intereses de los propietarios. También indicó que es vital adoptar medidas consensuadas con el sector y que actúen directamente contra el origen del aumento del precio, que no es otro que la falta de oferta. Por este motivo, el presidente de la APCE reafirmó la necesidad de incentivar la construcción de un parque de vivienda asequible suficiente y estable para atender a la demanda de vivienda de las familias desfavorecidas.

El presidente del APCE criticó duramente la Ley 11/2020 de medidas urgentes para el control de rentas en materia de contratos de alquiler, ya que, según su opinión, “agravará el acceso a la vivienda, provocará una reducción de la oferta, y afectará gravemente la seguridad jurídica del sector, al ser anticonstitucional”. Lluís Marsà recordó que este tipo de regulación se ha implementado en otros países europeos sin éxito, como es el caso de Berlín, ciudad de referencia en esta materia y donde se ha comprobado que la limitación de precios ha disminuido la oferta en alquiler en un 25%.

Lluís Marsà también señaló el Built to Rent como una figura interesante en el proceso de ampliación del mercado del alquiler, proyectos que están llevándose a cabo en otras comunidades autónomas por la entrada de inversores interesados en desarrollarlos. En cambio, con la reciente regulación, Marsà indicó que está afectando gravemente al sector en Cataluña y está ahuyentando al capital inversor.

Seguidamente, el director de la Agència de l’Habitatge de Catalunya, Jaume Fornt, explicó los motivos que llevaron a la Adminstración a regular los precios del alquiler. Según Fornt, la ley 11/2020 intenta dar respuesta a las necesidades de muchas familias en Cataluña, bajo tres criterios principales:

- Actuar sobre municipios con incrementos de rentas importantes para reducir el peso del alquiler en el gasto familiar: según datos de la AHC, el 40% de las familias catalanas destinan más del 40% de sus ingresos a pagar el alquiler, mientras que la media europea es del 27,9%.

- Evitar prácticas abusivas y definir de forma más clara derechos y obligaciones contractuales.

- Definir criterios igualitarios en el pacto de la renta.

Durante la sesión, Fornt reconoció que la falta de un parque público de vivienda asequible de alquiler es una de las principales causas de la problemática en el acceso a la vivienda. Fornt también admitió que Barcelona, principal área del mercado del alquiler en Cataluña, tiene una distribución de la propiedad de las viviendas en alquiler bastante atomizada, formada por pequeños propietarios mayoritariamente, que complementan su renta con el alquiler.

En la jornada también participó el abogado Carles Sala, quién profundizó en el nuevo marco jurídico de los arrendamientos urbanos en Cataluña, especialmente en cuanto al Decreto Ley 17/2019 y la Ley 11/2020. Sala explicó por qué el Decreto Ley 17/2019 sería inconstitucional repasando el recurso de inconstitucionalidad presentado ante el Tribunal, además de comentar las consecuencias para el sector de la aplicación de las últimas normativas en Cataluña: fuga de las inversiones hacia otros territorios, inseguridad jurídica, salida de viviendas del mercado de alquiler, y la estigmatización reiterada de la propiedad, entre otras.

 

Agentes del sector

La jornada se cerró con una mesa redonda en la que representantes de las entidades que agrupa los diferentes actores del sector inmobiliario -APIs, Administradores de Fincas, Cámara de la Propiedad Urbana, ASVAL y APCE- expusieron su visión respecto de la nueva ley de contención de rentas. Desde el Colegio de APIs su presidente, Gerard Duelo, remarcó el descontento del sector por haberlos dejado de lado a la hora de elaborar esta ley y afirmó que esta socava de manera sutil el derecho a la propiedad.

Lluís Bou, vicepresidente del Colegio de Administradores de Fincas, compartió la indignación de Duelo y señaló la unanimidad del Consejo de Garantías Estatutarias respecto de la inconstitucionalidad de la normativa aprobada. Un documento, “deficiente, con incongruencias que crean una grave inseguridad jurídica”, comentó Bou.

Por parte de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, su presidente, Joan Ràfols, repasó las principales políticas de regulación de precios de alquiler en Francia y Alemania, de las que destacó las importantes diferencias respecto del cambio normativo en Cataluña. Ràfols indicó que todos los cambios legislativos llevados a cabo en ambos países fueron acompañados de programas para incrementar sustancialmente el parque público de alquiler y partidas destinadas a subvenciones personales para aquellas familias con problemas de acceso a la vivienda.

El presidente de ASVAL, Joan Clos, aseguró que el gran problema es que estas normativas son inconsistentes, debido al desconocimiento del objetivo a perseguir, y que por este motivo estos cambios no favorecerán a los inquilinos. Según él, sería necesario un aumento significativo de las ayudas a los arrendatarios, además de llevar a cabo políticas de vivienda asequible realistas y eficientes.