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 Reacciones a la ley 

 

 

El sector privado alerta de los efectos negativos en el mercado del alquiler

El Consell Català de Col·legis d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya, la Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya; la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña (APCE), la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona-Lleida, y el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida (CAFBL) alertan de que la “Ley de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de alquiler” agravará el acceso a la vivienda y afectará gravemente a la seguridad jurídica del sector por su clara inconstitucionalidad. En un comunicado conjunto, dichas entidades advierten que los sectores de población más desfavorecidos o en situación de vulnerabilidad no verán aumentadas sus opciones a acceder a una vivienda de alquiler como consecuencia de la aprobación de esta normativa, ya que puede comportar una reducción de la oferta de alquiler.

Las principales entidades representantes del sector inmobiliario en Cataluña también señalan “la clara inconstitucionalidad de buena parte del articulado del texto creará un ambiente tenso de inseguridad jurídica en el sector, con efectos negativos en la oferta de vivienda”. También critican la falta de diálogo durante el proceso de redacción y discusión de la propuesta de ley, ya que no fueron convocados en ninguna ocasión para poder exponer su visión del problema y sus soluciones. “Lamentamos especialmente no haber sido recibidos, como solicitamos, por el MHP Sr. Quim Torra, quien sí atendió al Sindicat de Llogateres i Llogaters de Catalunya”, afirma el comunicado conjunto.

Según las entidades del sector privado, el derecho a una vivienda digna debe ser garantizado por la administración pública con la implicación y colaboración del sector privado, pero con la aprobación de estas medidas el sector público está trasladando al sector privado la responsabilidad de dar respuesta a la problemática de la escasez de vivienda social, además de adoptar medidas que se muestran contrarias a la protección que la propiedad privada recibe explícitamente en el artículo 33 de la Constitución, y que superan claramente el marco competencial de l’Estatut de Catalunya, vulnerando la Constitución Española.

El sector denuncia que la inexistencia de un parque público de alquiler es responsabilidad de las administraciones públicas y no de los propietarios privados y aboga por un justo equilibrio entre la protección del inquilino y la defensa legítima de los intereses de los propietarios. Para ello, instan al sector público a adoptar medidas que incentiven la construcción de un parque de vivienda social o de renta limitada suficiente y estable en el tiempo mediante estímulos fiscales de todo tipo (bonificaciones, subvenciones, etc.), y no medidas restrictivas de la libertad de mercado ni penalizadoras.

Des de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL), la aplicación de la norma ahuyentará la inversión necesaria para desarrollar un sector profesionalizado ante la falta de seguridad jurídica. “La ley atenta contra el derecho de la propiedad privada y fomentará la economía sumergida en el mercado del alquiler en Cataluña”, concluyen en su comunicado. Por otra parte, desde Foment del Treball también critican duramente la nueva normativa, calificándola de” error mayúsculo que perjudicará al sector y a la construcción de viviendas”.