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EL DL 37/2020 introduce nuevas obligaciones en materia de vivienda

Efectos Covid-19

El pasado 5 de noviembre, entró en vigor el “Decreto Ley 37/2020, de 3 de noviembre, de refuerzo de la protección del derecho a la vivienda ante los efectos de la pandemia de la COVID-19”. Este decreto, aprobado por la Generalitat de Cataluña, introduce una serie de modificaciones en el articulado de la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, que establece una serie de medidas para evitar los desahucios que puedan producir una situación de carencia de vivienda en las personas o unidades familiares que no tengan una alternativa de vivienda propia cuando estén dentro de los parámetros de riesgo de exclusión residencial que la ley define.

El Decreto Ley 37/2020 pretende tener una afectación procesal, concretamente en la regulación ya existente en el ámbito de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), pero en otras ocasiones diferentes audiencias provinciales han puesto de manifiesto una falta de competencia en este ámbito y que por lo tanto la afectación solo podía ser administrativa. Las medidas concretas que prevé el nuevo decreto pretenden, por un lado, que las personas en situación de riesgo de exclusión residencial puedan permanecer en su domicilio mientras la persona obligada a ofrecerlas una propuesta de alquiler social en los términos regulados a la Ley 24/2015, del 29 de julio, no acrediten el cumplimiento de esta obligación. Por otro lado, mientras sean vigentes medidas que comporten restricciones a la libertad de circulación por razones sanitarias, se pretende evitar también el lanzamiento de las personas en riesgo de exclusión residencial.  Es, pues, una medida de protección con un plazo más amplio que el previsto en el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo (que modifica en este sentido el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19), aprobado por el Estado y que prevé esta suspensión de lanzamientos hasta el 31 de enero de 2021.

 

Artículo único

El Decreto Ley 27/2020 se compone de un único artículo que recoge las modificaciones de la Ley 24/2015:

- Se modifica el primer párrafo del apartado 1 de la disposición adicional primera de la Ley 24/2015, del 29 de julio, que queda redactado de la manera siguiente: “1. La obligación a que hace referencia el artículo 5, de acreditar que se ha formulado una propuesta de alquiler social antes de interponer determinadas demandas judiciales, se hace extensiva en los mismos términos en cualquier acción ejecutiva derivada de la reclamación de una deuda hipotecaria y a las demandas de desahucio siguientes.

- Se añade un nuevo apartado -el 1 bis- a la disposición adicional primera de la Ley 24/2015, de 29 de julio: “1bis. Los procedimientos iniciados en que no se haya acreditado la formulación de la oferta de alquiler social se tienen que interrumpir a fin de que esta oferta pueda ser formulada y acreditada.

Se añade una nueva disposición adicional, la tercera, a la Ley 24/2015 que suspende, de manera excepcional y transitoria por motivos sanitarios, los procedimientos de desahucio y los lanzamientos que afecten hogares vulnerables sin alternativa habitacional. En el texto de esta nueva disposición se recoge que “durante la vigencia del estado de alarma o de una medida que comporte restricciones a la libertad de circulación por razones sanitarias, se suspenderán las ejecuciones de resoluciones judiciales que comporten el lanzamiento de personas o unidades familiares que se encuentren dentro de los parámetros de riesgo de exclusión residencial previstos en esta Ley y ocupen viviendas que provengan de los demandantes previstos en el artículo 5.2. Esta misma medida de suspensión se aplicará también a los supuestos previstos en la disposición adicional primera. En este último caso, no será necesario acreditar la circunstancia recogida en el supuesto 2º de la letra b) del apartado 1 de esta disposición adicional y será suficiente acreditar que la ocupación se ha producido con anterioridad al inicio de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real decreto 926/2020, de 25 de octubre. La determinación relativa a la inclusión o no inclusión dentro de los parámetros de riesgo de exclusión social corresponde a los servicios sociales de la administración pública competente. Así mismo, en el caso que el cuerpo de Mossos d’Esquadra o las Policías Locales de Cataluña reciban una denuncia solicitando medidas cautelares relativas a desocupaciones de viviendas de personas o unidades familiares que se encuentren dentro de los parámetros de riesgo de exclusión residencial previstos en esta Ley y ocupen la vivienda en cualquiera de las circunstancias previstas en la disposición adicional primera o en el artículo 5.2, deben solicitar informe urgente a los servicios sociales de la administración pública competente, comunicando esta solicitud inmediatamente al Ministerio Fiscal.”