Lluís Marsà, Presidente de la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE)
Claves para solucionar el acceso a la vivienda
Cualquier análisis de coyuntura sobre la vivienda en Barcelona es necesario que se haga con datos rigurosos y fuentes de información solventes, que son ciertamente escasas. Para encontrar la solución de un problema es fundamental acertar primero en el diagnóstico de su dimensión. Así pues, el análisis de la situación de la vivienda en Barcelona debe tener en cuenta necesariamente el Ámbito Metropolitano, a los efectos de determinarlo como el ámbito natural de acceso a la vivienda de los 3.200.000 habitantes. De este modo, sería más comparable estadísticamente respecto a medias de precios con otros grandes municipios como Madrid, e incluso con las principales ciudades europeas.
Junto con la visión metropolitana, es imprescindible disponer de dotaciones presupuestarias importantes. Existe un problema general de falta de financiación para las promociones de alquiler, que debería poder resolverse a través de los planes de vivienda. En este sentido, el Plan Estatal de Vivienda 2018–2021 contempla una dotación de solo 50 millones de euros para esta finalidad.
Analizando los precios, se señala los de alquiler, pero es evidente que el aumento también se está produciendo en la venta. El motivo: falta una oferta suficiente de todas las tipologías en venta o alquiler de renta libre o protegida, que tensiona los precios. Debe articularse un proyecto que, además del planeamiento y los recursos para hacerlo posible, también contemple una gran apuesta para facilitar la movilidad con transporte público.
La evolución de las políticas de vivienda en Barcelona debería llevarse a cabo teniendo en cuenta la escasa disponibilidad de suelo, y promoviendo -como ya se empieza a hacer- únicamente alquiler social en las reservas de VPO de propiedad pública. Al mismo tiempo, sería preciso incentivar la iniciativa privada con medidas financieras y fiscales para promover la edificación de viviendas asequibles, tanto en régimen de venta como de alquiler.
Si nos centramos en el alquiler, debe incrementarse el parque actual. Es importante que las empresas puedan entrar en el proceso de construcción de este tipo de viviendas, consiguiendo que, como se produce en otros países europeos, podamos disponer de un parque estructurado y eficiente en cantidad y calidad en manos de profesionales. Para conseguirlo, hace falta que el Ayuntamiento edifique lo antes posible las reservas de VPO disponibles, que permitirían poner en el mercado unas 20.000 viviendas. Y hay que tener en cuenta el Ámbito Metropolitano en materia de reservas públicas, puesto que, según el Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge, si se considerara este ámbito las reservas para activar podrían ser de más de 73.000 unidades de VPO.
Las empresas promotoras podemos estar en condiciones de intervenir de una manera importante en la construcción de viviendas asequibles y libres. Eso sí, siempre que se promueva un escenario estable que aporte seguridad jurídica, y se encuentren soluciones reales y efectivas para evitar las okupaciones. Hace años que construimos vivienda social y los datos oficiales lo corroboran. Desconocemos por qué no se han llevado a cabo proyectos de VPO en estas reservas disponibles, pero ello no puede suponer una excusa para trasladar una responsabilidad de las administraciones al sector privado.
Desde la APCE creemos que el consistorio barcelonés, al igual que cualquiera otro municipio en Cataluña que pueda estar valorando implementar una medida similar, no tiene competencias para establecer una reserva no contemplada en la Ley del suelo estatal, ni en la Ley de Urbanismo de Cataluña. De aprobarse esta modificación de manera definitiva, la interposición de recursos contenciosos contra su legalidad generará una parálisis en las futuras actuaciones en el sector, añadiendo más presión sobre los precios. Además, en la práctica supondrá una reducción de valor de todos los activos inmobiliarios residenciales libres de Barcelona. Si además consideramos aquellos activos que se encuentran con garantía de una deuda, la reducción de valor podría tener graves consecuencias.
Los mejores resultados siempre los obtendremos con un buen diagnóstico del problema, con mucha gestión y trabajando conjuntamente. Reiteramos nuestra voluntad de colaboración con las administraciones para contribuir y aportar soluciones.