El pleno del Parlament de Catalunya aprobó el pasado 9 de septiembre la Ley de medidas urgentes para la contención de los alquileres con los votos a favor de a favor de JuntsxCat, ERC, Comunes y la CUP. Esta ley limita el precio de los alquileres en 60 municipios catalanes de más de 20.000 habitantes, actuando sobre aquellas áreas que la ley considera con un mercado de la vivienda tensionado.

La ley salió adelante con 71 votos a favor de JxCat, ERC, los comuns y la CUP, y 63 en contra de Cs, el PSC-Units, el PP, los cuatro diputados del PDeCAT integrados en JxCat, y los dos diputados de Demòcrates integrados en ERC, con la incógnita sobre si acabará suspendida en el Tribunal Constitucional (TC).

La ley limita el precio de los alquileres de aquellas viviendas que estén dentro de un área declarada como “mercado de vivienda tensionado”, en el que se incluyen los municipios que cumplan alguno de los tres requisitos previstos:

1. Que experimenten un crecimiento sostenido claramente superior al de la media de Catalunya,
2. Que la carga media del coste del alquiler en el presupuesto personal o familiar supere el 30% de los ingresos habituales,
3. Que el precio haya subido cinco años al menos tres puntos por encima del IPC.

En estas zonas con mercado tenso, los contratos de alquiler no podrán superar el precio del último contrato ni la media del precio de los alquileres de la misma zona.

La iniciativa salió adelante después de que el Sindicat de Llogaters, ERC, los comuns y la CUP alcanzaran un acuerdo de última hora con JxCat para facilitar su aprobación. Pese a haber sido uno de los grupos proponentes, JxCat presentó ocho enmiendas al texto que, según el Sindicat de Llogaters, ERC, los comuns y la CUP, desvirtuaban el objetivo de la ley, pero tras negociaciones de última hora han acabado renunciando a seis de ellas y las otras dos han quedado modificadas por el pacto entre todos los grupos.

DICTAMEN CGE EN CONTRA

Después de su tramitación por lectura única en julio, Cs y el PP pidieron un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), que concluyó que varios artículos de la ley son inconstitucionales porque Catalunya no tiene competencias para regular el alquiler.

El Consell entiende que varios artículos no se ajustan ni al Estatut ni a la Constitución por invasión de competencias. En las conclusiones del dictamen se apunta que diversos artículos y disposiciones adicionales de la ley vulneran artículos de la Constitución española y tampoco se encuentra amparo en el Estatut, invadiendo competencias estatales “sobre las bases de las obligaciones contractuales”. También se señala que 11 de los 15 artículos y 7 de las 14 disposiciones de la ley vulneran artículos de la Constitución y tampoco tienen amparo en el Estatut. Entre otros artículos, se ven inconstitucionales los que permiten calcular rentas iniciales, precios de referencia, su actualización, el reparto de gastos, las obras de mejora, obligaciones de información, los regímenes de control y sanciones y el establecimiento de sistemas de resolución judicial o extrajudicial en caso de conflictos.

Recordemos que el año pasado la Generalitat de Cataluña impulsó una ley similar a la actual, el Decreto Ley 9/2019, de 21 de mayo, “de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda y de modificación del libro quinto del Código civil de Cataluña en el ámbito de la prenda”, que también fue desaprobada por el Consell de Garanties Estatutàries, pero que no había sido validada en el Parlament. “Tienen la misma finalidad y su contenido es substancialmente coincidente”, se recoge en este sentido en el dictamen de este ente.

RECURSO AL TC

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ya anunció durante el debate en el pleno que su partido recurrirá la norma al Tribunal Constitucional y está por ver si también lo hará el Gobierno de Pedro Sánchez, lo que provocaría la suspensión inmediata a la espera de que el Constitucional emitiera una sentencia.

De hecho, el pasado mes de julio, los Populares catalanes ya recurrieron ante el Tribunal Constitucional otras normativas aprobadas en Cataluña en materia de vivienda, que fueron admitidos a trámite recientemente por este tribunal. Las leyes recurridas concretamente son: el Decreto Ley 17/2019, de 23 de diciembre de 2019, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, y el Decreto Ley 1/2020, de 21 de enero de 2020, por el que se modifica en anterior, así como también el acuerdo del Parlament de Catalunya, de 4 de marzo de 2020, de convalidación del DL 1/2020.