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Por parte del Tribunal Constitucional

Admitido el recurso de inconstitucionalidad contra el decreto-ley 17/2019 y 1/2020

El BOE de 21 de julio de 2020 ha públicado el anuncio del “Recurso de inconstitucionalidad n.º 2577-2020, contra el Decreto-ley del Gobierno de la Generalitat de Cataluña 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, el Decreto-ley del Gobierno de la Generalitat de Cataluña 1/2020, de 21 de enero, por el que se modifica el anterior, y el acuerdo del Parlamento de Cataluña, de 4 de marzo de 2020, de convalidación de este último”.

Estos recursos fueron interpuestos por más de 50 diputados del Partido Popular ante el Tribunal Constitucional contra el Decreto Ley 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, y contra el Decreto Ley 1/2020, de 21 de enero, por el cual se modifica el Decreto Ley 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda (que modificaba de forma sustancial con su artículo único el concepto de vivienda vacía).  

Asimismo, el Decreto Ley 17/2019 fue incluido en el orden del día de la Comisión de Seguimiento de Actas y Disposiciones de las Comunidades Autónomas celebrada el pasado 6 de febrero, formulándose dudas de constitucionalidad en cuatro ámbitos:

1º. Aquellos preceptos que podrían ser contrarios a los principios constitucionales de igualdad (artículo 14 CE), de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y de seguridad jurídica (artículo 9.3 CE) y, adicionalmente, también lo serian al art. 33.1, que reconoce el derecho a la propiedad privada;

2º. Los preceptos que vulneran la competencia estatal en materia de legislación civil (149.1.8.ª CE);

3º. Artículos en los cuales se vulnera la competencia estatal para fijar criterios de valoración en las expropiaciones (149.1.18.ª CE); y,

4º. Artículos que resultan contrarios a diferentes leyes básicas.

Concretamente los artículos del Decreto Ley 17/2019 afectados por el recurso de inconstitucionalidad son el artículo 2, apartado 2.1; artículo 2, apartado 2.2; artículo 2, apartado 2.10; artículo 4, apartado 4.6; artículo 5, apartado 5.4; artículo 5, apartado 5.7; artículo 5, apartado 5.8; artículo 6, apartado 6.3; artículo 6, apartado 6.8; artículo 7; artículo 8, apartado 8.3; artículo 8, apartado 8.5; artículo 11; artículo 15; disposición adicional cuarta y disposición transitoria primera del Decreto-Ley 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda y el artículo único del el Decreto Ley 1/2020, de 21 de enero. Recordamos que la admisión a trámite del recurso por parte del Tribunal Constitucional de momento no supone ninguna suspensión de la vigencia de dichos artículos.

ALERTA DEL SECTOR PRIVADO

A principios de año, la Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya, el Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona i provincia, la Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya (APCE); la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona-Lleida, y el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida alertaron de que este decreto ley entra en contradicción con la LAU y modifica sustancialmente el equilibrio entre los derechos y las obligaciones de las partes en los contratos de alquiler que determina esta ley.

A su juicio, el DL 17/2019 comporta que la Administración afecta de forma ilimitada el conjunto del patrimonio inmobiliario residencial de aquellas personas físicas o jurídicas tenedoras de más de 15 viviendas, obligándolas a ofrecer una renta social por un periodo que puede llegar hasta los 14 años y calculada en función de los ingresos de los inquilinos en riesgo de exclusión social, sin tener en cuenta el coste de mantenimiento, funcionamiento e IBI que esté soportando la propiedad.

También desdibuja el derecho a la propiedad privada, porque se extralimita de la función social de la propiedad, no se adecua a la actual ordenación constitucional, y será, sin duda, objeto de fuerte litigiosidad por parte de los propietarios que consideran vulnerados sus derechos. Tendrá efectos económicos negativos al reducir la oferta de alquiler, y ante una fuerte demanda en arrendamiento incrementará los precios de alquiler, agravando todavía más la crisis del alojamiento en Cataluña.

URBANISMO

En materia de urbanismo, las entidades representantes del sector inmobiliario señalaron que la reserva de viviendas de protección en suelo urbano consolidado que contempla el Decreto Ley 17/2019, provoca un conflicto competencial de este decreto ley, a la vez reiteraron los efectos negativos de la medida que, después de un año en vigor en la ciudad de Barcelona, todavía no ha generado ningún resultado en forma de licencia real. Además, mostraron su preocupación por el importante descenso de licencias en la ciudad de Barcelona en los primeros nueve meses de 2019, con una reducción de un 55% comparado con el mismo periodo de 2018.

A  su vez, resaltaron que el aumento de las reservas de vivienda de protección oficial en la Área Metropolitana de Barcelona y las anunciadas a través del Plan Territorial Sectorial de la Vivienda (PTSH) para las “áreas de demanda fuerte y acreditada” que contempla el decreto comprometen la viabilidad de los planeamientos, tan urgentemente necesarios para disponer de suelo suficiente para resolver la falta de viviendas, tanto de venta como de alquiler.

VIVIENDA PROTEGIDA

Por otro lado, con el Decreto Ley 17/2019 desaparece la tipología de vivienda de precio concertado, dificultando a la clase media el acceso a la vivienda, puesto que se elimina la posibilidad de disponer de una figura a caballo entre la protección oficial y el mercado libre. Así mismo, actualmente se desconoce cuál será el nuevo precio de referencia del módulo de la nueva tipología de VPO, y de momento se mantiene el régimen general con unos precios obsoletos respecto de la realidad de los costes de edificación -que se han incrementado un 44% desde 2007-, haciendo inviable la promoción de vivienda de protección oficial.

Desde el sector inmobiliario creen que el Decreto Ley 17/2019 y el Decreto Ley 1/2020, al igual que la modificación del PGM de la ciudad de Barcelona, no constituyen ninguna solución real para el problema de la vivienda en Cataluña. Lejos de solucionar el problema, provocarán un efecto contrario, puesto que por un lado se paralizará la actividad del sector, y por otra, añadirá todavía más presión sobre los precios a causa del desequilibrio que generará entre la oferta y la demanda.

Las entidades que representan al sector privado también remarcaron los efectos negativos sobre la rehabilitación del parque edificado del DL 17/2019, haciendo inviable económicamente la rehabilitación del parque existente -que contempla también la necesaria adecuación energética de los edificios para reducir el consumo energético- con los consecuentes efectos sobre el tejido urbano, especialmente sobre aquel que más necesitado está de este tipo de actuación.