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PACTO PARA EL URBANISMO Y LA VIVIENDA

El acceso a la vivienda es un problema que afecta a muchas familias, especialmente a las más vulnerables. Desde la APCE siempre hemos insistido a las administraciones de la necesidad de disponer de un parco público de vivienda adecuada y eficiente, que cubra las necesidades de la sociedad catalana.

Las empresas promotoras privadas hace años que construimos vivienda de protección oficial. Según datos publicados por la Consejería de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña sobre producción de vivienda de protección oficial (VPO), los promotores privados construimos 2.455 viviendas de protección oficial entre el año 2013 y el 2017 en Cataluña, más de la mitad de la HPO iniciada en los últimos cinco años (53,1% del total). Desde el sector siempre nos hemos mostrado dispuestos a colaborar con las administraciones para ayudarlas a conseguir el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda. Una finalidad que, sin duda, compartimos todos.

De hecho, la legislación establece que los planes de ordenación urbanística municipal -así como sus modificaciones y revisiones- deben preservar para la construcción de VPO un determinado porcentaje de suelo que se califique para uso residencial de nueva implantación, tanto en suelo urbano no consolidado como en suelo urbanizable. Además, hay que recordar que, adicionalmente, los propietarios del suelo en desarrollo tienen el deber de la cesión de aprovechamiento urbanístico del sector.

Desde la APCE creemos que medidas como la que ha impulsado el Ayuntamiento de modificación del Plano General Metropolitano para la obtención de vivienda de protección pública en suelo urbano consolidado en Barcelona no constituye una solución real para el problema de la vivienda en la ciudad. Esta normativa, lejos de arreglar el problema, lo que hará es provocar el efecto contrario puesto que, por un lado, podrá comportar una parálisis en la actividad del sector y, por otra, añadir aún más presión sobre los precios de la vivienda, debido de al desequilibrio generado entre oferta y demanda.

Esta modificación del PGM supone, en la práctica, una reducción de valor de todos los activos inmobiliarios residenciales libres de la ciudad. Si adicionalmente consideramos aquellos activos que se encuentran en garantía de una deuda, la reducción de valor podría tener graves consecuencias. Asimismo, consideramos que la modificación desincentiva la tan necesaria rehabilitación del parque edificado existente.

El urbanismo es la base en la que se soporta la actividad de las empresas promotoras y constructoras y actualmente es un trámite incierto, lento y pesado. Si queremos dar respuesta a las necesidades de vivienda en Cataluña hace falta un urbanismo ágil, y disponer de suelo en condiciones para iniciar nuevos proyectos con un marco de estabilidad y seguridad jurídica.

Reiteramos la necesidad de tener en cuenta el Ámbito Metropolitano para atender la demanda de vivienda, y especialmente la de VPO en la ciudad, para poder disponer de un abanico mucho más diversificado de opciones de acceso. Para conseguirlo, hace falta que el Ayuntamiento edifique lo antes posible las reservas de VPO disponibles, que permitirían poner al mercado unas 20.000 viviendas. También es necesario que los sectores urbanísticos se desarrollen rápidamente: según datos del borrador del Plan Territorial Sectorial de la Vivienda de Cataluña, el Ámbito Metropolitano tiene un potencial de reservas públicas de suelo para construir más de 73.000 VPO, siendo el ámbito funcional de Cataluña que cuenta un mayor número de reservas, un 38% en total.

Desde la APCE creemos necesario un gran Pacto para el Urbanismo y la Vivienda en Cataluña, que dé una respuesta real, eficiente y consensuada al problema de la vivienda. Un pacto que englobe a todas las administraciones, a todas las formaciones políticas, y también al sector privado. Un pacto que dé una respuesta real y efectiva en esta materia a las necesidades de la sociedad catalana.