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Aprobada por la Subcomisión de Urbanismo de Barcelona APCE: “LA MODIFICACIÓN DEL PGM NO CONSTITUYE

APCE: “LA MODIFICACIÓN DEL PGM NO CONSTITUYE UNA SOLUCIÓN REAL AL PROBLEMA DE LA VIVIENDA”

La Subcomisión de Urbanismo del municipio de Barcelona, a propuesta del Ayuntamiento de Barcelona, aprobó el pasado 5 de diciembre  la modificación del Plan General Metropolitano para la obtención de vivienda de protección pública al suelo urbano consolidado en la ciudad, que contempla, entre otras medidas, la obligación a las promociones residenciales de más de 600m2, sean de nueva creación o de reforma, a destinar un 30% de la superficie para vivienda de protección oficial.

La Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña (APCE), ante la aprobación definitiva de la modificación emitió un comunicado en el que manifestaba su posicionamiento respecto de la medida aprobada. La entidad considera que el acceso a la vivienda es un problema que afecta a muchas familias en Cataluña, y desde la APCE siempre se ha insistido a las administraciones de la necesidad de disponer de un parco público de vivienda adecuada y eficiente, que cubra las necesidades de la sociedad.

También resaltó que los promotores hace años que construyen vivienda social: según datos oficiales de la Generalitat sobre producción de Vivienda de Protección Oficial (VPO), los promotores privados construyeron 2.455 pisos de VPO entre 2013 y 2017, es decir, más de la mitad de la iniciada en Cataluña en los últimos cinco años. El sector promotor siempre está dispuesto a colaborar con las administraciones para ayudar a facilitar el acceso a la vivienda, un objetivo compartido por todos. De hecho, la legislación urbanística establece que los planes de ordenación urbanística municipal y sus modificaciones y revisiones tienen que preservar para la construcción de VPO un porcentaje determinado de suelo que se califique para uso residencial de nueva implantación, tanto en suelo urbano no consolidado como en suelo urbanizable. Además, hay que recordar que, adicionalmente, los propietarios del suelo en desarrollo tienen el deber de la cesión de aprovechamiento urbanístico del sector. La APCE también entiende que ni la legislación urbanística estatal ni la catalana habilitan al Ayuntamiento de Barcelona para regular en esta materia.

Desde la APCE se considera que la modificación del Plan General Metropolitano para la obtención de vivienda de protección pública en suelo urbano consolidado en Barcelona no constituye una solución real para el problema de la vivienda en la ciudad. Lejos de solucionarse, la Asociación cree que provocará un efecto contrario, puesto que por un lado podrá provocar una parálisis en la actividad del sector, y por otra, añadir todavía más presión sobre los precios, debido al desequilibrio que generará entre la oferta y la demanda. Esta modificación del PGM supone, en la práctica, una reducción de valor de todos los activos inmobiliarios residenciales libres de Barcelona. Si adicionalmente consideramos aquellos activos que se encuentran en garantía de una deuda, la reducción de valor podría tener graves consecuencias. Asimismo, la Asociación de Promotores de Cataluña señalaba también que esta modificación del Plan General Metropolitano desincentiva la tan necesaria rehabilitación del parque edificado existente.

Para atender la demanda de vivienda, y especialmente la de VPO en Barcelona, la APCE considera que debe tenerse en cuenta el ámbito metropolitano, a efectos de tener un territorio de dimensiones más razonables y equiparables a otras ciudades como Madrid, París o Londres, y poder disponer de un abanico mucho más diversificado de opciones de acceso a la vivienda. Según datos del borrador del Plan Territorial Sectorial de la Vivienda, el Ámbito Metropolitano tiene un potencial de reservas de suelo para construir más de 73.000 viviendas de protección  oficial,  siendo el ámbito funcional de Cataluña que contiene un mayor número de reservas (un 38% en total). En su comunicado, la entidad anima a trabajar conjuntamente para convertir estas reservas en viviendas cuanto antes.

La APCE reitera, una vez más, la necesidad de disponer de una legislación estable y clara que garantice seguridad jurídica para que el sector promotor pueda desarrollar su actividad y que, al mismo tiempo, facilite a las familias el acceso a la vivienda.