Miquel Cuch y Jordi Aguilera, socios fundadores de Cuch-Aguilera Legal
“Uno de los grandes retos es ajustar el grado óptimo de intervención de la Administración Pública en los mercados”
Muchos ciudadanos se plantean la legitimidad de la intervención de las Administraciones Públicas en los mercados, autorizando fusiones de empresas o mediante sanciones millonarias en defensa de la competencia. Van a cumplirse cuatro años desde la promulgación de la ley 20/2013 de garantía de la unidad de mercado. Miquel Cuch y Jordi Aguilera, abogados especialistas en derecho administrativo, urbanismo y expropiaciones, comentan la situación del sector.
-¿Desde su experiencia en la práctica profesional en el marco del derecho administrativo, qué retos se plantean en el futuro próximo?
En un mundo tan cambiante a nivel tecnológico, social y económico, se advierten episodios de crisis de los derechos y libertades individuales, por circunstancias de seguridad pública, de degradación medioambiental, de escasez de recursos, entre otras, que deberán afrontarse con valentía política y rigor jurídico. El derecho administrativo debe establecer los equilibrios adecuados entre tales derechos individuales y el interés público. Uno de los grandes retos es ajustar el grado óptimo de intervención de la Administración Pública en los mercados.
Además, las dificultades en la sostenibilidad de las arcas públicas invitan a aplicar métodos de eficacia de las políticas públicas, simplificación de trámites y normativa, transparencia y responsabilidad en la toma de decisiones públicas.
-¿Qué legitima la actuación de las Administraciones públicas en el mercado, en un marco de libertad de empresa?
La Constitución de 1978 establece las estructuras básicas del sistema económico español, de tendencias capitalistas y sociales, y consagra la propiedad privada y la libertad de empresa, pero limitados por el interés general y las políticas sociales. La propiedad se configura desde su función social, la riqueza del país está subordinada al interés general y la Administración pública interviene en el mercado y en la economía en general. Asimismo, la Constitución reserva al sector público recursos y servicios de carácter esencial y legitima la planificación de la economía y especialmente la defensa del mercado. Los principales beneficiados de tales potestades públicas deberían ser los consumidores y usuarios y los mismos empresarios que comparten el mercado.
-¿Cómo puede intervenir la Administración en defensa del mercado?
Aparte de la necesidad de autorización de determinadas fusiones o concentraciones de empresas, las Administraciones públicas europeas, estatales, autonómicas y locales, a través de instituciones como la Comisión europea, la CNMC o la ACCO, defienden el mercado impidiendo prácticas colusorias, abusos de posición dominante y actos de competencia desleal que afectan al interés público y puedan desvirtuar el mercado.
Para ello dispone de una amplia potestad inspectora y sancionadora y puede imponer multas millonarias a los infractores para disuadirlos. Los Tribunales, sin embargo, en su función revisora y garantista, han anulado sanciones arbitrarias.
-¿Cómo ha afectado la ley 20/2013 de garantía de unidad de mercado?
La Ley se propuso abordar la fragmentación del mercado español dividido en territorios autonómicos con distintas normativas, y reducir los costes de las empresas mediante la supresión de trámites administrativos.
Los procedimientos de reclamación y de información que prevé la Ley han sido una buena herramienta para denunciar las irregularidades del mercado en el marco español y han resultado bastante efectivos. La CNMC ha resuelto más de 220 expedientes, pero todavía queda mucho por hacer.
La problemática de las ayudas públicas
La normativa europea regula claramente que las actuaciones de las administraciones no deben beneficiar a una empresa o sector en particular, mediante un trato de favor o diferencia con el resto de los competidores, ya sea mediante ayudas directas o beneficios fiscales. Hay, sin embargo, determinadas excepciones, ya sea por el sector, por la poca cuantía o por interés público, que legitiman ayudas públicas que pueden afectar el mercado.