Un nuevo decreto ley exige a las grandes empresas información anual no financiera sobre cuestiones medioambientales; en materia de derechos humanos y sobre medidas adoptadas para la lucha contra la corrupción y el soborno.

El 13 de diciembre se aprobó en el Pleno del Congreso de los Diputados la convalidación del decreto ley que reclamará a las grandes empresas más información no financiera en materia medioambiental y en prevención de la corrupción, entre otras. Este decreto ley aprobado por la Cámara, supone la trasposición de la directiva europea redactada sobre esta materia.

Atendiendo a este decreto ley, las grandes empresas deberán aportar, junto a sus cuentas anuales, información relativa a cuestiones sociales, medioambientales, de recursos humanos, de respeto a los derechos humanos y de lucha contra la corrupción y el soborno.

Las pymes están exentas, ya que este decreto ley sólo atañe a aquellas compañías con consideración de entidad de interés público; con una media de 500 trabajadores en el trascurso del ejercicio; y que durante dos años consecutivos reúnan al menos dos de las siguientes características: el importe neto de su cifra anual de negocios debe ser mayor a los 40 millones de euros; el total de las partidas del activo debe ser superior a 20 millones de euros, o bien su número de trabajadores en plantilla debe ser, de media, superior a los 250 empleados.

El texto ha sido aprobado por el Gobierno y respaldado por Ciudadanos, pero se ha encontrado con la abstención del PSOE y Unidos Podemos, formaciones que forzarán tramitar dicho decreto como proyecto de ley para poder introducir enmiendas.

Para cumplir con las medidas en cuanto a la lucha contra la corrupción y el soborno, las grandes compañías deben llevar a cabo procedimientos y recursos de control interno que prevengan estas conductas, así como informar a la Administración sobre las medidas adoptadas. En materia medioambiental, la información requerida deberá detallar los efectos actuales y previsibles de la actividad de la empresa en el medio ambiente. Y en cuanto a la información relativa a los derechos humanos, este estado de información no financiera debe incluir las medidas que eviten o mitiguen los abusos en el seno de la compañía.

Fuente: Europapress