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Para las personas en riesgo de exclusión

APROBADA LA LEY DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIVIENDA

El 23 de diciembre pasado el DOGC publicó la Ley 4/2016, del 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial.

Esta ley viene a sustituir en parte los artículos suspendidos cautelarmente por el Tribunal Constitucional de la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, pero con algunos matices. La ley está en vigor desde el 30 de diciembre de 2016.

El nuevo texto legal, como en su día lo hizo la Ley 24/2015 cautelarmente suspendida, también prevé mecanismos para asistir a las personas que se encuentran en situación de exclusión residencial o que están en riesgo de encontrarse, para evitar los desahucios que puedan conducir a una situación de pérdida de vivienda, para garantizar la función social de la propiedad e impulsar la creación de vivienda asequible, con la participación de las entidades privadas.

El concepto de “gran tenedor de vivienda” desaparece como tal y el contenido de la ley con las medidas más importantes están señaladas en el artículo 15, expropiación temporal de viviendas vacías; artículo 16, obligación de realojo; y en el artículo 17, expropiación del uso.

El Artículo 15 señala que las administraciones públicas de Cataluña, por causa de interés social, de acuerdo con la normativa de expropiaciones, al efecto de dotarse de un parque social de viviendas asequibles en alquiler para atender a las necesidades de vivienda de las personas que se encuentran en situación de exclusión residencial o que están en riesgo de encontrarse en dicha situación, pueden llevar a cabo la expropiación forzosa del uso temporal de la vivienda, durante un período que se establece en cuatro años como mínimo y de diez años como máximo, de acuerdo con el artículo 72 de la Ley del Estado de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa.

Sin embargo para que ello se produzca deben concurrir una seria de factores: que los inmuebles estén ubicados en áreas indicadas por la Ley 18/2007, del derecho a la vivienda, o en los municipios que el Gobierno declare por decreto, atendiendo a la demanda de las necesidades de vivienda y el parque de viviendas vacías existente en el ámbito territorial correspondiente y que dichas viviendas estén inscritas en el Registro de viviendas vacías y viviendas ocupadas sin título habilitante, o sean susceptibles de estar inscritas.

El procedimiento se inicia mediante una comunicación al titular de la vivienda, al efecto de que acredite, en el plazo de un mes, que dispone de un contrato que habilita para su ocupación.

Una vez transcurrido este plazo, se inicia el procedimiento expropiatorio, el cual concluye si se alcanza un acuerdo para la cesión convencional del uso de la vivienda a una administración pública de Cataluña para que esta establezca un alquiler social, que debe suscribirse en el plazo de tres meses.

La nueva Ley prevé mecanismos para asistir a las  personas que se encuentran en situación de exclusión residencial o que están en riesgo de ello, para evitar los desahucios que puedan conducir a una situación de pérdida de vivienda"

REALOJO DE FAMILIAS

El Artículo 16, establece un sistema transitorio y excepcional para realojar a las personas o unidades familiares ocupantes de determinadas viviendas si se encuentran en riesgo de exclusión residencial y pueden perder la vivienda habitual, siempre que no tengan ninguna posibilidad de acceder al uso legítimo de otra vivienda. Los supuestos de pérdida de la vivienda son la transmisión de viviendas derivadas de acuerdos de compensación o dación en pago de préstamos o créditos hipotecarios sobre la vivienda habitual o la firma de la compraventa de una vivienda que tenga como causa de la venta la imposibilidad del prestatario de devolver el préstamo o crédito hipotecario; y la ejecución hipotecaria o el desahucio por impago de las rentas de alquiler.

OBLIGACIONES CON LOS OCUPANTES

Están obligados, como última medida, a ofrecer a los ocupantes que se encuentren en las condiciones requeridas el realojamiento a una vivienda de su titularidad, bajo el régimen de alquiler y por un plazo de tres años, los adquirientes de las viviendas y los instantes de los procesos judiciales de ejecución hipotecaria o de desahucio por impago de rentas de alquiler que, a la vez, sean personas jurídicas titulares de viviendas inscritas en el Registro de viviendas vacías y de viviendas ocupadas sin título habilitante, o susceptibles de ser inscritas, o personas jurídicas titulares de viviendas que hayan adquirido de un titular de viviendas inscritas en el Registro en primera o ulteriores transmisiones, aunque el titular actual sea un fondo de titulización de activos o que la adquisición se haya efectuado mediante la transmisión de acciones o participaciones de sociedades mercantiles.

A su vez, el Artículo 17, precisa que la transmisión de viviendas derivadas de acuerdos de compensación o dación en pago de préstamos o créditos hipotecarios sobre la vivienda, establecidos por la imposibilidad de devolver el préstamo hipotecario, si el transmitente o la unidad familiar que la integra no dispone de una alternativa de vivienda propia con lo cual se encuentra en riesgo de exclusión residencial, está sometida al procedimiento de mediación regulado por el artículo 10, que puede ser instado por cualquiera de las dos partes.

Por último la disposición adicional sexta hace un mandato para que el Gobierno, en el plazo de nueve meses desde la entrada en vigor de esta ley, elabore un proyecto de ley con unos nuevos criterios de regulación de los arrendamientos urbanos en Cataluña.